Dos triunfos a la vez

La decisión del Tribunal Constitucional reconociendo la tesis de la Xunta y a la vez rechazando el recurso presentado por el Gobierno central, significa –en opinión personal– un doble triunfo para las tesis gallegas. Algo que no es banal, porque casi todo el mundo sabe las estrechas vinculaciones entre el Alto Tribunal y el equipo actual de Moncloa. Un triunfo doble, en el sentido de que respalda la Lei do Litoral, primero, y a la vez respalda la defensa que la Xunta ha hecho de que para llevar adelante su pretensión no era necesaria una reforma del Estatuto de Autonomía vigente.

Que se reconozca una capacidad competencial al Ejecutivo autonómico, que en esto coincidía con la oposición, no va a producir, ni debe, la “revolución” que implicó la Ley de Costas del Gobierno central. Y sobre todo va a defender mejor tanto los intereses costeros como cualquier otro legítimo de la comunidad autónoma. Al fin y al cabo los desastres urbanísticos que se cometieron en la Costa del Sol, la Brava e incluso en algún punto concreto de la propia Galicia, se van a evitar, si hay voluntad política, con la cercanía de los que mandan y los que han de obedecer, aunque no siempre lo hagan, ni unos ni otros.

(No se trata de chauvinismos ni de presumir de lo que se hace. Pero es un hecho, indiscutible, que el litoral gallego es único en sus dimensiones comunitarias, en su diversidad, en el respeto que se ha producido para sectores que hoy son un ejemplo y una invitación al turismo y, en fin, todo un tesoro. El “sentidiño”, que tanto se predica en estos tiempos, ha tenido aquí resultados más que positivos aunque no suficientes. Que ahora Galicia sea “dueña” de sus costas no perjudicará al conjunto de España, no creará conflictos con otras comunidades y, desde luego, será otra palanca que empuje a este Antiguo Reino a mejores y más claros horizontes.)

Hay otro punto a considerar, pero de modo diferente a los anteriores. La sentencia del Tribunal Constitucional hace innecesaria una reforma del Estatuto de Autonomía vigente aquí, y cierra así –por el momento– la polémica que en su día hizo imposible esa reforma, al igual que se había hecho en otras comunidades. Circunstancia que reduce el número de asuntos en los que la oposición y la Xunta podrían discrepar a fondo, y por tanto suman posibilidades a cualquier acuerdo estratégico que Galicia necesite para prosperar.

Todo esto no quiere decir que no necesite –el Estatuto, claro– una puesta a punto, al igual que la propia Constitución. Nacida, como norma vertebradora de la sociedad española en su conjunto, es el ejemplo a seguir por la Carta Magna gallega. La vida entre los españoles ha cambiado casi de todo entre 1978 y 2024, y es urgente que ese cambio se contemple en las leyes básicas. La de los gallegos debe beneficiarse también de una actualización que, resultaría para todos, no un triunfo solo, si no dos. Como ha quedado dicho, no es tarea imposible pero desde luego sí muy complicada. Por ello es indispensable un acuerdo de básicos en los que se resuman las claves para acabar con bien este sudoku. Opciones, hay: ahora todo queda a la voluntad de las partes.