El Gobierno prevé una deuda con Audasa de más de 1.100 millones al fin de la concesión

El actual gobierno no fue el responsable de la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa), ni de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048 o del real decreto que habilitó la ampliación del puente de Rande. Pero todas esas decisiones, firmadas por ejecutivos populares y socialistas, convierten ahora el futuro de la autopista AP-9 no solo en un culebrón político endemoniado –con litigio incluido con la Comisión Europea–, sino también en enorme factura con cargo a fondos públicos. Porque todos los convenios que permitieron la prórroga (con José María Aznar en Moncloa), las obras de ampliación (José Luis Rodríguez Zapatero) o las bonificaciones en la autopista (Mariano Rajoy) han creado una deuda que saldar con la concesionaria que, según el propio Ejecutivo central, rebasará los 1.100 millones de euros en el año 2048.

Lo determina el Ministerio de Transportes en su propia página web. En primer lugar, hace referencia al Real Decreto 1733/2011, que ejecuta un convenio firmado por José Luis Ábalos (entonces ministro de Fomento) y Andrés Muntaner (director general de Audasa). Habilitó la ampliación del puente de Rande o de la circunvalación de Santiago y puso en marcha un sistema de compensación que, a día de hoy, suma un saldo por importe de casi 345 millones de euros. Además de delegar en Audasa las obras de ampliación –ahora quedarían por pagar a la empresa algo más de 172,5 millones–, se fijaron dos cuestiones extra: un alza en los peajes de un 1% adicional durante veinte años a contar desde la inauguración de las obras y otro 8% anual en intereses. En concreto, el RD 1733/2011 determinó que “la compensación a Audasa por la inversión realizada en la ampliación de la autopista AP-9 y los mayores gastos de conservación y otros, derivados de aquella ampliación de la autopista, se entenderá alcanzada en el momento en que el valor capitalizado de las variaciones anuales de los flujos de caja se haga nulo a una tasa del 8%”. El acuerdo no explica el porqué de ese 1% ni del 8%, de modo que no se despejan las dudas sobre su arbitrariedad.

La Comisión Europea apunta que la prórroga de la AP-9 se utilizó para encarecer la venta de la autopista

Sumando millones

¿En qué se traduce esta capitalización de los saldos con ese porcentaje a mayores? De acuerdo al Ministerio, en una cuenta que, “ según las últimas estimaciones, podría alcanzar los 405 millones de euros al término de la concesión”. Pero hay más. Para entender la dimensión completa de esta “cuenta de compensación” hay que avanzar en el tiempo, hasta el Real Decreto 104/2013. En este caso, promovido por Ana Pastor como titular de Fomento. Esta norma determinó una bonificación del 75% del viaje de vuelta en el día en los recorridos Pontevedra-Vilaboa, Pontevedra-Morrazo, Pontevedra-Vigo, Rande-Vigo y viceversa (Audasa asume el 25% hasta llegar al 100%). El pago de estos subsidios se incluyó en el saldo de compensación ya en vigor, por lo que la deuda también pasó a gravarse con un 8% anual.

¿El motivo? Tampoco se clarifica en el decreto. De acuerdo a las cuentas anuales de Autopistas del Atlántico (Audasa), a 31 de diciembre esa cuenta de compensación ascendía a 344,73 millones de euros. Casi la mitad de este importe, que es lo que se le adeuda a la empresa, se corresponde con lo que ella tipifica como “actualización financiera”. Esto es, derivado de esa ratio del 8% a la que capitaliza la deuda, fijada en el año 2011 y ampliada dos años después.

De ahí que, pese a que han pasado ya casi seis años de la apertura del nuevo puente de Rande o la ampliación de los accesos a Santiago, la cuenta pendiente de pago con la concesionaria de la AP-9 no deja de crecer. ¿Hasta qué umbral? Volvemos a la propia información oficial de Transportes: “Según los cálculos de Mitma (acrónimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), con esta partida, la cuenta de compensación puede llegar a superar los 1.100 millones de euros”.

Se da la circunstancia de que, si bien nunca ha fijado una cantidad en concreto, Audasa calcula que la pérdida de la concesión obligaría al Estado a indemnizarla por una cantidad superior a su deuda, que también rebasa en la actualidad los 1.000 millones de euros. De modo que, con los actuales condicionantes fijados por los reales decretos en vigor, tanto el rescate de la AP-9 como dejar la concesión sin variaciones hasta 2048 costaría al erario público prácticamente lo mismo, aunque sin los 25 años pendientes de autopista con peaje. La Comisión Europea, por lo pronto, no solo ha apercibido por segunda vez a España por la prórroga –la considera contraria a derecho comunitario– sino que, como ayer avanzó FARO, ha determinado que “el verdadero objetivo [de alargarla en 25 años más] era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable”.

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